"Los sindicatos amenazan con llevar la reforma laboral al Constitucional". No es necesario ser un eminente politólogo para concluir que semejante "amenaza", recogida este martes 14 de febrero por diversos medios de comunicación, no quitará el sueño a Mariano Rajoy. La iniciativa, a la que se ha sumado también Izquierda Unida, refleja, por el contrario, las muy negras perspectivas que tienen ante sí las clases trabajadoras del Estado español.

     La nula disposición de Comisiones Obreras y UGT a responder de forma efectiva a la reforma aprobada por el Partido Popular la expresaban, de forma meridiana, los máximos dirigentes de ambas organizaciones el pasado domingo. Para justificar su resistencia a convocar una huelga general, Ignacio Fernández Toxo -secretario general de CC.OO- aseguraba que "lo menos que  necesita España es un conflicto social".  En idéntica línea, su homólogo en UGT Cándido Méndez afirmaba que "los sindicatos no debían anticipar acontecimientos", defendiendo que su actitud representaba un "ejercicio de responsabilidad". Menos de un mes antes, los dos máximos representantes de la burocracia sindical financiada por el Estado habían firmado un acuerdo con la CEOE aceptando una disminución de los salarios reales, más elementos de "flexibilidad” o la posibilidad del "descuelgue" por parte de las empresas de los convenios colectivos. Un punto de llegada natural, tras varias décadas en las que habían aceptado las sucesivas contrarreformas laborales exigidas por la patronal.  La brutalidad de la reforma aprobada el pasado viernes por el Ejecutivo Rajoy, sin embargo, exige hoy a los dos centrales sindicales mayoritarias amagar ante la opinión pública con una aparente respuesta. Ante las reacciones de estupefacción generadas por sus declaraciones, este lunes - tras reunirse con la ministra de Empleo Fátima Báñez- Toxo y Méndez ya se atrevían a hablar de una "posible" huelga general. Sin mencionar, eso sí, ninguna fecha o calendario concreto para su convocatoria.  Al fin y al cabo, y según las propias palabras de Fernández Toxo, en invierno "hace demasiado frío como para manifestarse". 

¿UTOPÍA LEGALISTA O JUSTIFICACIÓN?

     La alternativa que el sindicalismo de la concertación pretende imponer a la lucha social puede considerarse como el último episodio de la escenificación de su presunta "resistencia" a los ataques gubernamentales. Comisiones y UGT aseguran que "intentarán revertir la agresiva reforma laboral en el Tribunal Constitucional", para lo cual sus servicios jurídicos ya se han puesto a "estudiarla a fondo". Varios son los aspectos de la nueva legislación aprobada por el Gobierno del PP que consideran "inconstitucionales". El periodo de prueba de un año para los trabajadores que marca el nuevo contrato para pequeñas y medianas empresas (pymes), el arbitraje obligatorio para resolver conflictos sobre inaplicación de convenios colectivos o el efecto retroactivo que tiene, de facto, la eliminación del contrato con una indemnización de 45 días y su sustitución por el de 33 días. Dado que los sindicatos no podrían presentar directamente un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva legislación del trabajo, sus portavoces han apuntado que “lo más probable” es que opten por una de las vías previstas legalmente para estos casos, que permite hacerlo a un grupo de 50 diputados. Para ello cuentan ya con la aquiescencia de IU, cuyo coordinador general Cayo Lara anunciaba este lunes que “también están estudiando el real decreto para estudiar la posible inconstitucionalidad de algunos de sus elementos”. Lara apuntó, asimismo, que como la federación de Izquierda Unida sólo dispone de 11 diputados buscará “alianzas” en el Congreso para alcanzar las firmas necesarias para presentar el recurso, sin descartar que éstas pudieran producirse también con el PSOE. Ya que  -dijo – “en este caso el fin sí justifica los medios y no importan las siglas”. Cayo Lara, finalmente, avanzó que presentará una enmienda a la totalidad de la reforma laboral en el Congreso de los diputados.   

     La aparente confianza de CC.OO., UGT e Izquierda Unida en el Tribunal Constitucional – controlado por los dos partidos mayoritarios–  como presunto garante de los derechos de los trabajadores constituye, quizá, el síntoma más inequívoco de su propia inutilidad para defenderlos. En el mejor de los casos, indicaría cómo la progresiva  adaptación al Sistema conduce a perder la perspectiva sobre la forma en que históricamente se han conquistado esos derechos y cómo se pierden, con independencia de lo recogido en los textos legales, cuando no existen organizaciones populares con fuerza y determinación para sustentarlos. En el peor, sería una mera coartada para maquillar su rendición vergonzante. Al caer en la utopía legalista, tanto los sindicatos mayoritarios como IU parecen haber “olvidado”, con significativa prontitud, la facilidad con que PSOE y PP modificaron la “Carta Magna” el pasado verano, readaptándola a las nuevas exigencias del Capital europeo y convirtiendo en inconstitucional cualquier política que anteponga las necesidades sociales  a los pagos de la Deuda.

EL EJEMPLO QUE NO SE QUIERE MIRAR Y LA INCAPACIDAD DE LA IZQUIERDA ALTERNATIVA

    Además de hacer pública la iniciativa que hemos glosado brevemente,  el pasado lunes Cayo Lara aseguraba también que IU “llamará a la acción constante y permanente para que el Ejecutivo del PP dé marcha atrás” en su reforma. Lara, no obstante, se mostró extremadamente prudente sobre la posibilidad de convocar una “huelga general” porque  Izquierda Unida percibe que hay  “mucho miedo en la gente”. Y es que, en efecto, todos los llamamientos a la movilización efectuados desde la izquierda institucional surgen previamente lastrados por la falta de convicción de quienes no están dispuestos a presentar una auténtica y sostenida batalla más allá del Congreso y los tribunales. Ejemplos de resistencia  como el que pueblo griego está protagonizando en estos momentos, con sucesivas huelgas generales, toma de fábricas y acción callejera, aterran a los defensores de una legalidad vigente que se opone, de forma flagrante, a cualquier concepto moralmente asumible de Justicia.

     Las formaciones de la izquierda alternativa que sí pretenden tomar como referente al país heleno, sin embargo, demuestran por su parte una manifiesta incapacidad para comunicarse, organizar y movilizar a los trabajadores. E, incluso, para conectar con aquellos sectores, particularmente los más jóvenes, que han comenzado a autoorganizarse y a reclamar una “auténtica democracia”, incompatible – lo sepan o no- con el sistema capitalista. Graves carencias que si no son capaces de superar, modificando concepciones, actitudes y  formas de trabajo, les inhabilitarán definitivamente para liderar cualquier proyecto de transformación social.