A 50.000 millones de euros asciende la cifra procedente de la especulación financiera que los bancos y cajas españoles tendrán que "sanear" en sus cuentas. Para ello contarán con los fondos del Estado, que les realizará préstamos a un interés del 8% anual. Se trata de un nuevo rescate  encubierto, con el que el Gobierno de Mariano Rajoy  "socializará" los costos de la actividad especulativa que permitió a estas entidades multiplicar sus beneficios y que fue el detonante de la actual Crisis económica.   

    Pero con la nueva normativa, que aprobará este viernes 3 de febrero el Consejo de Ministros, el Gobierno del PP no financiará solamente el "saneamiento" de los activos sobrevalorados artificialmente, sino también la concentración bancaria que aumentará aún más, si cabe, el poder de la Banca. La normativa está pensada para favorecer a los bancos y cajas que se fusionen, a los que se les permtitirá realizar los saneamientos contra patrimonio en el plazo de dos años. Mientras que se dará un año a las que no lo hagan, que además sólo podrán cargar contra capital una parte pequeña de las necesidades. La norma contempla que las entidades deberán asumir pérdidas del 80% en el valor del suelo y del 70% en las promociones inacabadas. Además, reclamará provisiones del 7% (con un máximo del 11%) para los créditos concedidos a promotoras y constructoras que estén al corriente de pago.

     La cuantía exacta de los préstamos, cuyos fondos se obtendrán de la emisión de Deuda Pública, dependerá justamente del número de fusiones que se produzcan. El 8% de interés anual fijado para  los préstamos es un porcentaje similar al que se aplicó a las primeras ayudas que concedió a bancos y cajas a través del fondo de rescate (FROB) el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.  

     Este fondo adquirirá unos títulos de deuda emitidos por las entidades, denominados  bonos convertibles contingentes, que permitirán al Estado convertirse en accionista de la entidad si llega el caso de que su nivel de solvencia baja de una cifra todavía por determinar que oscilará entre el 7% y el 8%. Es decir, que en último término, si el negocio privado peligrase podrían refugiarse en ese aval estatal.

   Para realizar estos préstamos a la banca el FROB realizará emisiones de deuda, con la intención de  evitar que estos fondos salgan de los  presupuestos. Sin embargo, los intereses que tendrá que pagar el Estado para colocar la Deuda  -con una "prima de riesgo" dependiente a su vez de los especuladores internacionales - sí contarán como Déficit.

    La insistencia del Ejecutivo del PP en no considerar estos préstamos como una  "ayuda pública", no ha convencido ni siquiera a las autoridades europeas. El pasado miércoles 1 de febrero el Comisario europeo de Competencia Joaquín Almunia aseguraba que el hecho de que éstos no impacten directamente sobre los presupuestos "limita, pero no elimina" la supervisión que ejerce Bruselas sobre toda reestructuración bancaria. "Los recursos que el FROB o el Fondo de Garantía de Depósitos puedan poner al servicio de la reestructuración de entidades financieras en España son considerados ayudas de Estado", puntualizó.

    Algo que, de manera implícita, reconoce el propio sector financiero, desde el cual se había manifestado que no podrían realizar el saneamiento de sus "activos tóxicos" por un importe de  50.000 millones  -objetivo marcado por el ministro de Economía, Luis de Guindos - sin las ayudas del Estado.