Siguiendo las medidas de austeridad fiscal impuestas en la UE por el gran capital europeo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy acaba de aprobar su primer paquete de medidas de "ajuste" presupuestario. El ajuste será de 40.000 millones de euros, y las primeras consecuencias del mismo ya se comienzan a sufrir en todas las regiones del Estado. Las diferentes comunidades autónomas y las corporaciones locales han  asumido su parte proporcional en los recortes y éstos se están aplicando, de forma inmisericorde, a la Educación y la Sanidad públicas - donde se abre paso la imposición del "Copago" -  y a otros servicios sociales esenciales.

     Residencias de mayores, escuelas infantiles, centros para el tratamiento de las toxicomanías están cerrando sus puertas en todos los municipios. El horizonte que comienza a prefigurarse es el de una nueva sociedad regida por la Ley de la Jungla capitalista -ahora sin ningún tipo de bozal- con un empobrecimiento generalizado de la población, un aumento de las desigualdades y un creciente número de ciudadanos empujados a la exclusión social.  Según el discurso oficial de los partidos institucionales - y sus medios afines - no existe alternativa a estos leoninos "planes de ajuste", ensayados hace décadas en los países de América Latina con nefastas consecuencias para sus economías. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente no se podría "ajustar" el presupuesto de diferente manera? El amplio abanico de medidas de ahorro y recaudación que el Gobierno de Mariano Rajoy ni quiera se muestra dispuesto a considerar –como tampoco lo hizo el Ejecutivo Zapatero-  indica que lo que la propaganda presenta como una necesidad ineluctable es, en realidad, una decisión política inserta en un más amplio proyecto de contrarrevolución conservadora.  

UNA FISCALIDAD REGRESIVA AL SERVICIO DE LAS GRANDES FORTUNAS

    "Subir el impuesto de sociedades un 5% -del 30% al 35%- a las grandes empresas, aquellas que facturan más de 45 millones de euros y cuyos beneficios superen el millón de euros, permitiría recaudar casi 14.000 millones de euros". Con esta claridad se expresaba el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, en declaraciones efectuadas al periódico Diagonal. Sin embargo, las empresas no llegan a tributar ni siquiera el 30% fijado. La  posibilidad de acogerse a exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que  pagan sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la  propia Agencia Tributaria. Desde la asociación de Técnicos de Hacienda apuntan, igualmente, que "con sólo reducir en diez puntos la economía sumergida en España, la Administración podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales".

IRPF y rentas del capital

    En el paquete de ajuste ya aprobado por el Gobierno se incluye una subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo, con el que se recaudarán  4.100 millones de euros. Tras esta reforma el tipo máximo del IRPF - que afecta principalmente a las rentas del trabajo-  llega en algunas autonomías al 56%.  Sin embargo, el tope máximo en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro se sitúa en el 27%.  Es decir, que mientras los ingresos producidos por el trabajo se gravan por encima del 50% y  los generados por la especulación bancaria pagan menos  de un  30%.

Impuesto de sucesiones

    Por mediación del impuesto de Sucesiones y Donaciones  las diferentes comunidades autónomas recaudaron en 2010 apenas 1900 millones de euros, ya  todas aplican a este impuesto  bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.

Patrimonio

      El impuesto sobre el patrimonio fue otro de los suprimidos durante los años de crecimiento económico en los que se gestó la burbuja inmobiliaria. En el año 2007 el Estado aún recaudó 2.100 millones por este gravamen. Según cálculos de los expertos de Gestha recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1% - lo que no dejaría  de ser una tributación ínfima-  permitiría recaudar otros 3.500 millones de euros cada año.

Las SICAVs

       Las Sicavs, Sociedades de Inversión de Capital Variable, permiten a las grandes fortunas del Estado tributar un escuálido 1%. Como vía alternativa para aumentar los ingresos del Estado el colectivo de técnicos de Hacienda propone medida – obviamente nada revolucionaria - de aumentar este porcentaje de tributación o instaurar un impuesto sobre la riqueza.

LOS GASTOS "INTOCABLES" PARA EL AHORRO

Inversión militar

   El pasado año 2011, en plena crisis económica y con la aplicación por parte del Ejecutivo Zapatero de brutales recortes sociales, el gasto militar del Estado español ascendió 17.244,75 millones de euros. Con estos fondos se sostienen, entre otras cosas, misiones como la ocupación de Afganistán. El nuevo ministro de Defensa Pedro Morenés, un empresario vinculado directamente a la industria armamentística, fue responsable durante el mandato de José María Aznar, de una escalada en el gasto militar que dejó al Estado una deuda de 30.000 millones de euros.

La Iglesia católica

    Según cálculos efectuados por la organización Europa Laica en 2011 la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979. Esta cifra  incluye la asignación vía IPRF (en 2010 fueron 249 millones), el salario de los profesores de religión en las escuelas (650 millones) y sus indemnizaciones por despido improcedente o el pago de los sacerdotes en las cárceles y los cuarteles, pero también los conciertos por servicios educativos y sanitarios que reciben decenas de miles de personas, entre muchos otras capítulos. La Iglesia católica también está exenta de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que se traduce en 1.200 millones de euros anuales que el Estado deja de recaudar.