Como si de un documento clandestino se tratara, pasó desapercibido en los grandes medios de comunicación un informe revelador publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se ponía de relieve que cada año en este planeta unos 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo. Y Canarias ocupa un puesto proporcionalmente preferencial en esa negra lista.

    Como si de un documento clandestino se tratara, pasó desapercibido en los grandes medios de comunicación un informe revelador publicado por la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) en el que  se ponía de relieve que cada año en este planeta unos 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo, y que 160 millones de ellos contraen enfermedades profesionales. Otra de las cifras  escalofriantes que subrayaba el informe mencionado es que alrededor de 2 millones de trabajadores mueren en el ejercicio de su profesión cada año. Es decir, una media de 5.000 asalariados por día.


        Pero lo tremendo de los datos es que el mismo informe subraya que estas cifras están muy por debajo de la realidad. Según la Caja Nacional del Seguro Médico de Francia, por ejemplo, el trabajo mata  anualmente en ese país a 780  trabajadores.  Más de dos asalariados por día. Durante el proceso de las primeras fases de la revolución industrial estas muertes eran denominadas "el impuesto de sangre" que tenía que pagar la clase trabajadora a cambio  de  salarios de miseria.

     En Canarias, durante el pasado año se registraron 27.352 accidentes laborales, de los cuales 27.113 fueron leves, 219 graves y 20 mortales. Los sindicalistas de la CNT denunciaban hace escasas fechas que “la actual dinámica gubernamental de recortes” en los presupuestos destinados a la formación, vigilancia e inspección en prevención de riesgos laborales, así como “la postura empresarial de reducir los gastos en el equipamiento, control y mejora en seguridad”,   supondrán un repunte en el número de accidentes y en la gravedad de los mismos en el curso de los proximos meses.


      Pero la cuestión no consiste sólo en cuántos asalariados mueren durante su jornada de trabajo. De los sobrevivientes, cientos de miles  finalizan su vida laboral desgastados y extenuados, sin poder disfrutar su jubilación con plenitud después de 40 ó 50 años de trabajo. Aunque la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los últimos decenios, la vida de un jubilado moderno se convierte en una auténtica explosión  de enfermedades: afecciones cardiovasculares, depresiones,  ataques cerebrales, artrosis, deficiencias sensoriales, demencia seniles… La mayoría de esas afecciones han sido provocadas  por las condiciones que han rodeado su historia laboral.

 
        Quizá por ello en este marco de avances  tecnológicos sin precedentes, que objetivamente debería de servir para  permitir a los seres humanos  disfrutar plenamente de la última cuarta parte de su vida como premio  a sus servicios  a la colectividad, resulta especialmente repugnante la ofensiva generalizada del gran capital para ampliar la edad de  jubilación tratando de retrotraerla  a la existente en la primera mitad  del siglo XX.

       No resulta extraño, pues, que en  Grecia, Italia, Alemania,  Francia y España se estén multiplicado los paros y huelgas en protesta contra el desmantelamiento del sistema de jubilación.  La patronal  y sus portavoces en las instancias de poder argumentan que el peso de las pensiones se convertirá en una carga insoportable para el Estado. Pero, independientemente de las trampas que encierra esa argumentacion, hay que preguntarse: Si se considera "normal"  que 2 millones de trabajadores pierdan su vida anualmente por accidentes  de carácter laboral,  ¿por qué se niegan con furia  a considerar  con la misma  "normalidad"  que las empresas participen en mayor medida en las pensiones de su personal? En la respuesta está la clave.