El espectáculo mediático de tiras y aflojas que representan la patronal canaria y el Ejecutivo regional, a cuenta de la pretensión de los empresarios isleños de utilizar la Crisis económica para eliminar cualquier legislación que pueda poner alguna traba a sus negocios ofrecía la pasada semana un nuevo y significativo episodio. Los socialdemócratas liderados por José Miguel Pérez sugirieron a sus socios de gobierno de CC que "bajaran el tono" frente a los ataques de la patronal (...).

    El espectáculo mediático de tiras y aflojas que representan la patronal canaria y el Ejecutivo regional, a cuenta de la pretensión de los empresarios isleños de utilizar la Crisis económica para eliminar cualquier  legislación que pueda  poner alguna traba a sus negocios, ofrecía a finales de la pasada semana un nuevo y significativo episodio.  Apenas un mes después de que los empresarios comenzaran a hacer públicas sus reclamaciones, asegurando que una "maraña burocrática les está impidiendo invertir y crear empleo en las islas", el Gobierno de CC-PSOE respondía anunciando que ya trabajaba en una nueva Ley del Territorio elaborada para satisfacerlas.

    Esta ley reducirá a la mitad los trámites del planeamiento y sustituirá los informes y los controles administrativos por el propio "autocontrol" de los inversores. La legislación, preparada para posibilitar la construcción en aquellos rincones del territorio que hasta ahora habían escapado a los empresarios del ladrillo, vaciará de contenido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac),  al limitar las funciones de sus técnicos en beneficio de  los despachos profesionales privados que realicen los planes por encargo de los empresarios.  La nueva ley modificará también el actual régimen jurídico sancionador en lo que respecta a la disciplina urbanística, territorial y ambiental, habilitando procedimientos para que los infractores puedan convertir en legales las ilegalidades urbanísticas que hayan cometido.

   Estas incondicionales concesiones, sin embargo, no han bastado para satisfacer  a los grandes grupos empresariales del Archipiélago, que manifiestan una irrefrenable premura por poner en marcha sus proyectos y no parecen dispuestos a admitir ningún tipo de dilación. Y así, después de los buenos propósitos de colaboración expresados por los representantes de la patronal y del Gobierno en el tradicional cóctel que los primeros ofrecen cada año en las fiestas navideñas, el cruce de declaraciones públicas poco amables entre unos y otros volvía a repetirse hace escasos días. En un inesperado rapto de "izquierdismo" verbal, el presidente Paulino Rivero sorprendía a los comentaristas políticos asegurando que "algunos  empresarios  buscan amasar dinero en poco tiempo”. Mientras que un Domingo Berriel justamente resentido con quienes pretenden presentarlo como a un “proteccionista” - no en vano se le conoce como el  consejero "contra el Medioambiente" - tachaba las críticas empresariales de “ataque preventivo”. En respuesta, los portavoces empresariales conminaban al Ejecutivo a que se pusiera  “a trabajar y se dejase de machangadas”.

    Este último intercambio de mensajes daba pie a la entrada en escena en  el sainete político-empresarial del socio de Gobierno de CC. El PSC-PSOE liderado por José Miguel Pérez, tratando de hacer valer su rol de “partido de Estado”, mediaba este fin de semana para pedir a “Rivero y Berriel que “bajen el tono” de la confrontación con la patronal”. “Con la confrontación – manifestó el portavoz del PSC en el Parlamento de Canarias Manuel Fajardo -  no se llega a un consenso”. Según las propias declaraciones de Fajardo, no obstante, el “consenso” ya se habría alcanzado y plasmado en la ley del Territorio anteriormente glosada. “Unos y otros – reconoció el “socialista” – coincidimos  en que lo que hay que hacer es cambiar la ley para simplificarla y acortar los plazos”. “En eso se está trabajando, pero hay que hacerlo con sosiego, para que se pueda hacer con vocación de perdurar”, subrayó Fajardo. Por su parte, el propio consejero  Domingo Berriel aseguró  -tras reunirse con la  Cotmac- “que el Gobierno canario está dispuesto a eliminar obstáculos para que se puedan acometer los  proyectos empresariales, que calificó como  de “interés general y no sólo particular”.

      Todos los datos indican, por tanto, que los planes de la patronal canaria para intentar dar una nueva vuelta de tuerca al modelo económico desarrollista, incluso después de su colapso, avanzan con paso firme.  No es previsible, sin embargo, que a corto plazo, empresarios y Gobierno vayan a “desdramatizar la situación”, tal y como solicitó retóricamente Manuel Fajardo en su papel de portavoz “ponderado” de la patronal. Y es que ambos tienen algo que ganar manteniendo su enfrentamiento mediático con la ayuda de la prensa del establishment. Unos, la posibilidad de imponer su “programa de máximos” en el menor tiempo posible y obteniendo el mayor beneficio gremial. Otros –CC y PSOE – la posibilidad de salvar la cara ante la población canaria, al tiempo que responden a las órdenes de sus auténticos representados.   

    Propósitos que se impondrán sin ninguna dificultad si continúan contando, además, con   la total ausencia de respuesta por parte de las organizaciones politicas extraparlamentarias que – aparentemente exhaustas tras el esfuerzo electoral – no han llegado siquiera a pronunciarse públicamente al respecto.