La crisis económica se ha convertido en una coartada perfecta para imponer recortes brutales en la financiación de los servicios públicos más básicos.  En Canarias esta situación se presenta de manera especialmente grave.  En el año 2011 el grueso del ajuste presupuestario de 950 millones de euros anunciado por el Gobierno autonómico recaerá en las consejerías de Educación -que contará con 170 millones de euros menos (28.285 millones de pesetas)- y de Sanidad -que tendrá que funcionar con 285,7 millones de euros menos (45.700 millones de pesetas)-.

    Ambos sectores arrastran ya enormes carencias y han sido descapitalizados durante años mediante el trasvase creciente de recursos a los negocios privados.  Con este “acumulado”, una disminución de fondos de la magnitud que ahora tendrán que afrontar puede situarlos al borde del colapso.  Nos enfrentamos, pues, a un ataque frontal a los derechos fundamentales de los canarios a la salud y la educación lo suficientemente grave como para que el conjunto de los movimientos y partidos progresistas de las islas sitúen su defensa en un lugar prioritario de sus agendas.

    A ellos les corresponde concienciar y movilizar a la población para tratar de evitar el desmantelamiento de estos servicios públicos esenciales.  Articular respuestas conjuntas a partir de las denuncias y acciones de los sindicatos más reivindicativos o de iniciativas como las del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública.