Las implicaciones de la campaña orquestada por el stablisment político y mediático del  Archipiélago contra el Gobierno venezolano a raíz de la expropiación de la empresa Agroisleña trascienden cuanto tiene que ver, de forma estricta, con el proceso de cambios que tiene lugar en el país latinoamericano.  La histórica emigración canaria a Venezuela confiere a la versión autóctona de la “cruzada antichavista” un rasgo característico.  Para imponer su mensaje contra la revolución bolivariana los medios del Archipiélago –además de atizar prejuicios y propagar falsedades – sólo tienen que apelar al sentimiento de pertenencia a la “patria chica”.  Los empresarios expropiados no aparecen como indiscutibles víctimas sólo porque se atribuya un carácter sagrado a la propiedad capitalista sino también, y fundamentalmente, por el hecho de que son canarios.

    Se nos llama a defender “lo nuestro”, como no por casualidad insta a hacer también el slogan electoral de CC.  Desmontar el discurso de esta campaña, mostrando que el conflicto real no se plantea entre isleños emigrantes y venezolanos, sino entre una transnacional explotadora y una masa de agricultores explotados, no constituye solamente, por tanto, una mínima y obligatoria muestra de solidaridad internacional.  Puede convertirse también en un magnífico ejercicio de pedagogía.  En una manera de mostrar a un número creciente de canarios por qué sus propias desgracias no tendrán solución mientras sigan considerándose más cercanos a los dueños de Agroisleña -o a cualquiera de los magnates que han exprimido hasta la extenuación, y en su exclusivo beneficio, los recursos de las Islas- que a cualquier campesino venezolano, indio boliviano o pescador senegalés.