Definitivamente, la patronal española no se conforma con la dureza extrema de la última contrarreforma laboral. La nueva legislación del Trabajo impuesta por el Ejecutivo Rajoy permite los despidos masivos a precio de saldo, otorga un poder prácticamente omnímodo a los patronos en las empresas y generará una transferencia multimillonaria de las rentas del trabajo hacia las del capital. Pero la CEOE, consciente de que sus intereses se enmarcan perfectamente en la ofensiva antiobrera de las instituciones de la UE, envalentonada por la mayoría absoluta del PP y conocedora de la nula combatividad de los sindicatos mayoritarios quiere más. Muchísimo más.

 

     La pasada semana, el presidente del lobby empresarial, Joan Rossel, se atrevía a pedir que se revisar   "lo más rápidamente posible" el derecho a huelga, tal y como está recogido actualmente en la Constitución. Este lunes 20 de febrero, el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, proponía dar otro paso decisivo para instaurar la servidumbre de los asalariados. Feito pidió que se retire la prestación de desempleo a las personas en paro que rechacen un empleo, ya que - en su opinión - en España impera  una perniciosa "mentalidad de que el paro es una especiede renta, y que se tienen dos años para buscar trabajo".

 

     En la actualidad, la ley  ya permite retirar la prestación de desempleo a aquellas personas que rechacen  un trabajo “adecuado” en tres ocasiones. El directivo de la CEOE, sin embargo, sostuvo que habría que suprimir ese derecho a quienes se atrevan a rechazar cualquier puesto de trabajo,  aunque  sea  “en Laponia”. Lo que en la práctica equivaldría a poner a  5.300.000 de parados a los pies de los empresarios. Obligados a aceptar hasta la más extrema explotación si no desean quedarse sin ningún tipo de ingresos.

 

     En esa misma línea,  José Luis Feito se congratuló por el hecho de que la nueva reforma laboral abra las puertas para los despidos masivos de empleados públicos, acabando así con el último reducto en el que aún existía la estabilidad laboral. "Eliminar puestos de trabajo en el sector público  no generará más paro, ya que permitirá que esos fondos se desvíen para pagar a proveedores y que estas empresas puedan contratar personal” -aseguró Feito, previendo que los ERES en la Administración aumentarán de manera significativa el ejército de parados a disposición de los asociados de la CEOE.

 

CC.OO. Y U.G.T PIDEN "CONSENSUAR" CON LOS EMPRESARIOS

 

    Tan significativa como la abierta declaración de guerra realizada por la patronal ha sido la respuesta de las dos centrales sindicales mayoritarias del Estado.  Mientras la CEOE se moviliza para suprimir el derecho de huelga y el de percibir la prestación por desempleo, CC.OO. y UGT pedían al Gobierno, este mismo lunes, "negociar la reforma laboral para corregirla durante si trámite parlamentario".  Los sindicatos han propuesto a Mariano Rajoy abrir una mesa de negociación con el Ejecutivo y la patronal, paralela a la parlamentaria, para modificar la reforma. "Si, como dicen, gobiernan para todos - afirmó el secretario general de UGT Cándido Méndez con fingida ingenuidad -  tendrán que tener en cuenta las manifestaciones del pasado domingo”.  Los sindicatos defendieron este llamamiento al Gobierno como "un ejercicio de responsabilidad para evitar una escalada de la conflictividad social". El Ejecutivo -aseguró Méndez -  debe reflexionar y plantear cauces para trabajar unidos, en lugar de gobernar a golpe de decreto.

 

    Los secretarios generales de Comisiones y UGT  aseguraron tener confianza en que "se podrán corregir los aspectos más controvertidos" de la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria, a pesar de la mayoría absoluta de la que goza en el Congreso el Partido Popular.  “Somos partidarios de la convergencia. Nuestra idea –afirmó Fernández Toxo dejando clara la postura de ambas organizaciones- es consensuar  las enmiendas con los empresarios”.

 

     A través de los medios de comunicación, Toxo pidió al Gobierno que  “lea bien” el mensaje que transmitió la ciudadanía con sus movilizaciones en 57 ciudades españolas. Todo parece indicar, sin embargo, que son las burocracias sindicales de CC.OO. y UGT las incapacitadas para adaptarse a los mensajes que les envían, con absoluta claridad, los distintos sectores de la sociedad. Por un lado,  los cientos de miles de trabajadores que salieron a las calles el pasado domingo, mostrando su disposición a luchar para evitar que les despojen de sus más elementales derechos. Por el otro, el Gobierno de la ultraderecha española,  que ya ha comenzado a reprimir con dureza cualquier tipo de contestación social, y una patronal que, obviamente, ha despreciado sin más  la propuesta de “diálogo” de los sindicatos de la “concertación”.