Resulta difícil imaginar el cúmulo de sentimientos encontrados  -rabia, dolor, impotencia, desesperación - que debió sentir M.P.G. el pasado viernes, al encontrarse una caja vacía con una cruz encima donde le habían dicho que descansaba el cadáver de su hija. Un bebé supuestamente enterrado en el  municipio malagueño de Monda el mismo día de su nacimiento: el 17 de febrero de 1984. Un juzgado de Málaga había autorizado la exhumación de los restos, respondiendo a las sospechas de la familia de que su caso podría formar parte de  la trama de bebés robados en España durante la dictadura franquista y los primeros años del actual régimen monárquico.

    La madre relata cómo el médico que atendió su parto le dijo "Vivo va a nacer, pero se muere seguro; no lo vamos a meter en la incubadora". Después de ver a su bebé unos segundos,  recibió en el Materno de Málaga la visita de una mujer que le hizo firmar un papel para la autopsia. En el hospital corrieron también con los gastos del entierro.  "Todo fue muy extraño. ¿Cómo puede saber nadie lo que va a pasar?", asegura hoy M.P.G. Además  -añade - "en ningún documento consta la causa de la muerte y el historial del parto es distinto del de mis otros tres hijos". En declaraciones efectuadas a la prensa malagueña esta madre se mostró convencida de "que algo pasó con su niña" y  manifestó la intención de su familia de  "hacer lo imposible por saber qué fue de ella". Pero en 1984 tenía tan solo 24 años y no podía sospechar que en la instalación hospitalaria a la que acudió para dar a luz pudieran robarle a su bebé. Muchos años después, sin embargo, terminaría sabiendo que su caso no fue en absoluto excepcional.  


DE LA GUERRA CIVIL AL POSTFRANQUISMO.  CRÍMENES VELADOS POR LA "AMNESÍA" DE LA  TRANSICIÓN 

    En el año 2002  la periodista Montserrat Armengou estrenaba el documental "Los niños perdidos del franquismo". Un film con el que se comenzaba a popularizar  - veintisiete años después de la muerte de Franco - uno de los infames episodios de la Dictadura que habían sido ocultados por el "pacto de silencio" de la Transición.

   El robo de niños fue una práctica habitual durante la Guerra Civil y la postguerra española. Se robaban los bebés de madres republicanas encarceladas que daban a luz en las prisiones. Sus hijos les eran eran arrebatados y luego ellas eran fusiladas.  Los niños se entregaban a familias del bando vencedor para que los educasen de acuerdo a los principios tradicionales de lo que posteriormente se conocería como el  "nacionalcatolicismo". Y precisamente la Iglesia católica, encargada de gestionar hospicios, hospitales y el llamado "auxilio social",  fue una de las instituciones directamente implicadas en los secuestros y adopciones ilegales.  

    Pero  los robos de niños no terminaron en la postguerra. Continuaron durante toda la Dictadura  y el postfranquismo. Durante estos años se modificó el perfil de las mujeres víctimas de estas sustracciones. Pasaron a ser madres solteras o de extracción humilde, que se consideraban más vulnerables y con pocos recursos para reclamar.

    "Lo que empezó siendo una terrible represión política  -asegura Armengou -  se convirtió en una represión moral y un negocio revestido de caridad que terminó como simple tráfico de bebés. Son muchos los padres a los que se les comunicó que su hijo había muerto en el parto. Si insistían, se les enseñaba un bebé congelado, siempre el mismo, que posteriormente será reconocido por más parejas. No existe la historia clínica, el niño no está inscrito en el registro, no hay certificado en el cementerio".

    El hecho de que semejante práctica siguiera produciéndose hasta los años 80 constituye una significativa muestra de la pervivencia de las estructuras del estado franquista, que posibilitaban los robos, y que no fueron desmanteladas durante la Transición a la "democracia". 

   "Aunque no hubiera un plan diseñado y planificado de robo y adopciones de niños que engordaban conciencias y bolsillos  -señala  Montserrat Armengou -  los que manejaban esas redes que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las madres eran los de siempre: monjas, capellanes, médicos, notarios, jueces… Todos ellos pertenecían a unas clases dominantes muy bien conectadas con el poder, amparadas por el régimen que los protegían. Unas clases que hoy ejercerán su influencia impidiendo la verdad, justicia y reparación de las víctimas".


CONTINÚA LA IMPUNIDAD

   Las palabras de la investigadora son mucho más que una mera opinión. Hoy, los afectados de los '60, '70 y los '80 - agrupados en diversas organizaciones como La Voz de los Afectados, La Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España o la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir)- continúan luchando contra las instituciones de un Estado que, como en el resto de crímenes del franquismo, continúan garantizando la impunidad de los victimarios.

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