La nueva Delegada del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ha estado emitiendo directrices a la policía bajo su mando, sobre cómo esta deberá comportarse ante las Asambleas Populares del 15 M en las calles y las plazas de la capital del Estado. Cifuentes anunció que los participantes en las asambleas del movimiento social 15 M deben notificar la celebración de sus encuentros.

         La nueva Delegada del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ha estado emitiendo directrices a la policía bajo su mando, sobre cómo esta deberá comportarse ante las Asambleas Populares del 15 M en las calles y las plazas de la capital del Estado. Ya a finales de enero la delegada Cifuentes hizo un público anuncio de que los participantes en las asambleas del movimiento social 15 M deberían notificar la celebración de sus encuentros para "evitar que se produjera ningún problema". Como es sabido, el movimiento 15 M celebra centenares de asambleas a lo ancho de todo el Estado, en las que se debaten principalmente cuestiones de carácter político y económico y se proyectan acciones para  llevar a cabo.


       Desde principios de febrero, las directrices de la Delegación del gobierno en Madrid se están orientando hacia la utilización de la fuerza policial para impedir las concentraciones y reuniones del 15 M. La "comisión legal" de la asamblea de Puerta del Sol entregó en días pasados un comunicado a la Delegación de Gobierno en el que respondía a las amenazas formuladas por la señora Cifuentes recordándole que la Constitución española, en su artículo 21, "reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa"


    En muchas Asambleas populares ha cundido la alerta y se ha empezado a debatir cuál deberá ser la actitud del 15 M frente a la posibilidad de que el Partido Popular intente desarticular  a este movimiento social prohibiendo la celebración de sus Asambleas o sometiéndolas a la autorización previa de los Delegados gubernamentales.
 

      En la capital de la isla de Gran Canaria son cinco asambleas las que de manera regular se reúnen cada semana en los principales barrios de la ciudad. Otras tantas lo hacen en diferentes pueblos del Norte, Sureste y Sur de la isla. No obstante, según informaciones recogidas por esta redacción, en ninguna de ellas se ha tratado la posibilidad de que se produzca una intervención gubernativa en el desarrollo de las mismas.