Asamblea por Tenerife y las personas y Organizaciones Sociales reunidas el 4 de febrero en Santa Cruz de Tenerife exigen la inmediata retirada de los expedientes incoados por la Subdelegación del Gobierno y la Autoridad Portuaria que amenazan con multas de hasta 60.000 euros a los activistas que participaron en la acción del 5 de octubre junto al barco arenero que especula con unos recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo saharaui.

    La resolución 63/102 de la Asamblea General de la ONU, de diciembre de 2008, señala que es el Pueblo Saharaui quien tiene el derecho de gestionar y explotar sus recursos naturales.

    Esta Asamblea considera inadmisible que se pretenda sancionar a quienes denuncian una flagrante ilegalidad mientras se permite la descarga de la arena saharaui en las dársenas del puerto de Tenerife. Los responsables de la Autoridad Portuaria se convierten así, en opinión de esta Asamblea, en cómplices necesarios de la vulneración de una resolución internacional dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Asamblea por Tenerife y las organizaciones que la integran, consideran que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no está legitimada moralmente para sancionar a nadie, más bien todo lo contrario, Pedro Rodríguez Zaragoza y toda su dirección son los que deberían responder ante la sociedad tinerfeña por permitir y promover la destrucción de nuestra biodiversidad en uno de los ecosistemas más sensibles y escasos, y el consiguiente pelotazo con dinero público que significa la construcción del Puerto de Granadilla para lo que, encima, pretenden utilizar la arena robada al pueblo saharaui.


    Santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 2012