No hay día que transcurra sin que el escándalo Urdangarín engorde vertiginosamente. Ahora resulta que su palacio de 6 millones de euros se lo compró con dinero público. A estas alturas del escándalo nadie se explica porque el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, no ha ingresado ya en prisión. Otros imputados en presuntos delitos de menor envergadura han sido enviados a ala cárcel argumentando la "alarma pública" generada por el caso.¿Qué impide que ese señor reciba al mismo trato?
Según informaba el diario madrileño "El Economista" ayer martes 7 febrero, el juez que lleva el caso de Urdangarin está convencido de que este pagó su palacio de 6 millones de euros con dinero público. Urdangarin adquirió la mansión en el año 2003, en el elitista barrio barcelonés de Pedralbes.
El juez José Castro, el magistrado que lleva la investigación, tiene fundadas sospechas de que al menos una buena parte de los 6 millones de euros que costó el
inmueble procedían del desvío de fondos urdido por el duque de Palma en Valencia. Como es conocido, el gobierno ultraconservador de la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de esa misma ciudad abonaron a dedo al Instituto Noos, propiedad de Urdangarin, la cifra de 4 millones y medio de euros, que no serían nunca fiscalizados.
A petición de la fiscalía de Anticorrupción, según la información proporcionada por el periódico El Economista, dictó un auto por el que se reclama información tanto al Registro de la Propiedad como a la Agencia Tributaria.
Según fuentes cercanas a la investigación, la fiscalía está dirigiendo sus pesquisas hacia el desvío del dinero procedente de la Generalitat valenciana, finalmente destinado a la compra de la mentada mansión. Urdangarin y su esposa, la hija del rey, solicitaron una hipoteca de casi 3 millones y medio de euros, por el que pagaron en conjunto 30.000 mensuales. El sumario del caso indica que cuando iniciaron los pagos del préstamo, la hija delRey había asumido las tres cuartas partes de la cuota y el duque el resto. A partir de 2004, con una deuda todavía de 1,6 millones,Urdangarin pagaba 39.000 euros por trimestre y su mujer otros 13.000 euros.
UNA VIDA DE LUJOS
La vivienda tiene un total de 620 metros habitables, pero la parcela en la que se encuentra cubre una superficie total de 2.145 m². La mansión tiene jardín, piscina y una sala deportiva. Cuenta además con tres alturas, encontrándose en la última de ellas el dormitorio de los cónyuges de aproximadamente 100 m² de superficie, con cuarto de baño y una terraza con jardín.
Pero la pareja real no limitó sus lujos a esta mansión de ensueño, sino que posteriormente, en el año 2008, adquirió tres pisos más en Palma de Mallorca, a los que hay que sumar otra vivienda en Tarrasa, Barcelona.
DICE QUE SI HA COMETIDO "ERRORES" ESTÁ DISPUESTO A "DISCULPARSE"
Con una soberbia propia de los poderosos, Urdangarin declaró ayer martes 7 febrero, a través de su abogado Mario Pascual Vives, que "si ha hecho cosas que no son correctas, las reconocerá y en su caso pedirá las disculpas que correspondan", como si los delitos que presuntamente se le están imputando sólo requirieran un gesto protocolario de disculpa.
Lo que a estas alturas del escándalo nadie se explica son las razones por las que el duque de Palma no ha ingresado todavía en prisión. Imputados en presuntos delitos de menor envergadura han sido enviados directamente a prisión, argumentandose desde la magistratura la "alarma pública" generada como razón fundamental del encarcelamiento. Parece obvio que las circunstancias que han rodeado al escándalo de los duques de Palma han traspasado todos los límites de los casos de esta índole conocidos en los últimos 30 años. ¿Por qué no se ha procedido de la misma forma? ¿qué es lo que impide que ello suceda?
No son pocos los que empiezan a establecer relación de similitud entre el caso del yerno del rey y las recientes revelaciones de la revista "Der Spiegel". Como nuestros lectores recordarán la pasada semana el semanario alemán dio a conocer los papeles desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores germano, en los que se descubría que el rey Juan Carlos Borbón había intercedido en el año 1981 ante el Gobierno del PSOE y de los tribunales con objeto de lograr que las penas que se aplicarán a los golpistas del 23 febrero, no fueran severas. Con todo derecho hay quienes hoy se formulan la interrogante de si en esta ocasión también estará sucediendo algo similar.