La reciente cumbre europea de jefes de Estado y Gobierno de la UE, celebrada en Bruselas, ya no puede sorprender ni dejar indiferente a nadie en cuanto a sus resultados. Estos suponen una vuelta de tuerca más en la orientación neoliberal que la UE ha implementado en las dos décadas anteriores y que, en buena medida, es compatible con la globalización neoliberal en la escala mundial; los sucesivos tratados comunitarios a partir de Maastricht (1992) son una prueba clara de dicha orientación. La falacia de la Europa de la ciudadanía se ha resquebrajado ante nuestros ojos. Tanto en el discurso del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, como en las resoluciones finales, dos son los puntos básicos:

    1.    Flexibilización laboral: hace referencia a la necesidad de reducción de los salarios, para hacerlos más competitivos, al tiempo que se puede exigir más horas de trabajo y más cualificación entre los/as trabajadores/as; se habla, además, de disminución de la fiscalidad en el trabajo.

    2.    Reducción del gasto público (déficit público, deuda pública), de manera que el gasto en políticas sociales ya no es una cuestión rentable para la UE (déficit máximo del 0,5% del PIB en el nuevo tratado, con multas del 0,1% del PIB para Estados incumplidores y posibilidad de intervención directa de la Comisión).

    Lo que no se dice es que la actual crisis económica no viene dada por un exceso de políticas keynesianas (regulación de mercados, planificación de la economía, fortalecimiento de la demanda interna) en la política económica de los Estados europeos; viene dada tras dos décadas de experimentación de las políticas neoliberales basadas en la desregulación de los mercados y la reducción del aparato del Estado. Viene dada, particularmente en el caso de España, por una política fiscal regresiva que ha disminuido los ingresos del Estado, tal como ha se explicado en diversos artículos publicados en Canarias Semanal; la última medida del PP de subida provisional de impuestos no tiene nada de novedoso en lo que a la filosofía neoliberal se refiere: no son impuestos progresivos y esto supondrá un adelanto de pago de deuda pública según las exigencias de los bancos y provocará una merma importante en el nivel de vida de los sectores populares. Crisis que, además, viene dada por un crecimiento desequilibrado anterior, tomando al sector de la Construcción como punta de lanza de la economía. Crisis que viene dada, en definitiva, por un predominio del capital financiero sobre el capital productivo, cuestión que es visible en las especulaciones bursátiles en el parqué de la bolsa y en la práctica ausencia de inversiones públicas reales.

    Quisiera detenerme, sucintamente, en un aspecto que ahora cobra su singular importancia: el incremento salarial del 0,5% para 2012 frente a una inflación prevista entre el 2% y el 2,5%, según los términos suscritos en un acuerdo reciente entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, y que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha vendido en Europa como principal referente de actuación. Nunca me ha gustado criticar a sindicatos y movimientos sociales, porque sus funciones frente a las fuerzas políticas de izquierdas son distintas; los primeros trabajan más en la lucha cotidiana y en el corto plazo; las fuerzas políticas ligan el corto plazo con objetivos de mayor alcance. Sin embargo, los sindicatos se han equivocado gravemente y se introducen en una senda peligrosa en contradicción con las reivindicaciones de la huelga general de septiembre de 2010, que en su momento respaldé como tantos/as otros/as. Colocar los salarios por debajo de los precios no es sólo permitir a la derecha económica un mecanismo de articulación (histórico) para una mayor acumulación de capitales, sino además implica una reducción del nivel de vida de los/as trabajadores/as, al tiempo que se asume la culpabilidad (histórica) de la clase trabajadora en esta crisis económica. Esto es demasiado para poder soportarlo. Lamento ser tan duro, pero éste es el peor escenario posible. Se olvida, además, que el ajuste de salarios/nivel de precios es una conquista social irrenunciable y que el mecanismo ahora pactado en España es similar al que la derecha económica italiana utilizó, en los años ochenta, como un arma para romper la unidad sindical y las bases sociales del PCI, por aquel entonces primera fuerza política de Italia y uno de los grandes partidos de la izquierda europea.

    El recorrido de la UE ha tocado a su fin. El PCI, en su momento, creyó que con sus propuestas de elección directa del Parlamento Europeo (1979) y aprobación del Acta Única (1986), cuyo principio básico era la cohesión económica y social de los países comunitarios, se colocaban dos herramientas básicas para iniciar una vía continental al socialismo. El tiempo ha disipado ilusiones y espejismos. La influencia del PCI en aquel entonces, arropado más o menos por el grupo comunista en el Parlamento Europeo, era determinante en la socialdemocracia y la izquierda era mayoritaria en la cámara comunitaria. Maastricht, con los criterios de convergencia, saldó las cuentas con el pasado e inició un nuevo rumbo en sintonía con los experimentos neoliberales de Chile, Corea del Sur, EE.UU. y Reino Unido, arrastrando a buena parte de la socialdemocracia y a una parte del PCI. En Europa, el entramado institucional se ha hecho tan complejo (hasta la zona euro tiene un organigrama propio) que su funcionamiento es imposible y responde a las inercias generadas desde las cumbres europeas y desde la Comisión Europea, instituciones receptivas a los intereses del Capital financiero y auténticas palancas en la implementación de un capitalismo más salvaje si cabe; por cierto, estas instituciones son, casualmente, las más alejadas de la ciudadanía y las menos representativas en términos democráticos. La independencia del Banco Central Europeo es otra herramienta para aplicar políticas neoliberales, al reservarse importantes decisiones de política económica (fijación de tipos de interés, operaciones de mercado abierto, gestión de la reserva oficial de divisas de los Estados miembros, coeficiente de caja de los bancos), que tal como ha explicado el economista Torres López no pueden quedar al margen del control de la instituciones democráticas: un banco central independiente puede dislocar completamente, sólo con las funciones enunciadas, la labor de un Gobierno progresista que se precie como tal. Este cúmulo de circunstancias tiene por corolario que la correlación de fuerzas en Europa, reflejada en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, es hacia la derecha y la extrema derecha.

    La quiebra del Estado del bienestar pasa, inevitablemente, por la quiebra de la demanda interna de la economía como uno de sus principales fundamentos: si se pierde el potencial de consumo de los sectores populares hablar de reactivación económica es ridículo, máxime cuando las previsiones de crecimiento de la economía española son negativas para los dos próximos años, cuestión certificada por la OCDE, FMI e INE. En España se ha reorientado una parte de la producción hacia las exportaciones, pero esta estrategia es insostenible por largo tiempo, dadas las incertidumbres en el escenario internacional y las necesidades de tener un mercado interno. Es sorprendente que en un contexto de avances tecnológicos objetivos, que han cambiado para siempre las formas de trabajo en las empresas o entidades públicas, simplificando sus procedimientos, se omita una propuesta que IU formuló en su momento: el reparto de empleo con una semana laboral de 35 horas y sin reducción salarial. Omitir esto es estar al margen de la realidad y del interés general. Omitir esto es condenar a millones de ciudadanos/as a una situación de exclusión social permanente. La tasa de paro en España se aproxima al 25% con 5,3 millones de parados (INE, enero de 2012). La renuncia al pleno empleo se paga: es brindar al Capital un ejército de reserva, como palanca para sucesivas reformas laborales y para quebrar la base sindical. Quien ha omitido esto, ha firmado su propia sentencia de muerte y, de paso, la de todos/as. Renunciar a las funciones sindicales y pactar con el Capital es exaltar meras reivindicaciones corporativas, que no de clase.

    También es sintomático que los sindicatos, como ha ocurrido en Canarias, intenten paralizar ofertas públicas de empleo, entrando en el juego de contradicciones entre sectores de la clase trabajadora tan propicio para la derecha; éste no es el camino; el camino pasa, sí o sí, por la unidad sindical y por la representación de los intereses del conjunto de la clase trabajadora, independientemente de si hablamos de funcionarios/as, personal laboral de administraciones públicas, interinos/as, trabajadores/as de empresas privadas (fijos o temporales) o parados/as. El camino pasa por incrementar la oferta de empleo público, financiada a partir de la nacionalización de la banca o de la fiscalidad progresiva, entre otras medidas revolucionarias; no hay más. Creer en la bondad consustancial del capitalismo para avanzar hacia el pleno empleo, tras una crisis como la actual, es algo ingenuo o es otra cosa que prefiero omitir. En concreto, si Rajoy ha dicho que “la reforma laboral me va a costar una huelga general” (CADENA SER, enero 2012), la afirmación hay que tomarla en términos de declaración de guerra, no en términos de “evitar huelgas”. No es tiempo de retiradas; es tiempo de combate. ¿Qué se aprobará en la próxima reforma laboral cuando se ha anulado, anteriormente, la negociación colectiva y se ha abaratado el despido? ¿Qué más sacrificios debe soportar la clase trabajadora? ¿Qué más le que queda por renunciar? Es más, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha defendido la modalidad de trabajo voluntario como una opción dentro de la Administración del Estado (ABC, enero 2012): los propósitos de la derecha son dramáticamente claros. Sólo cabe recordar que la cumbre europea se vio afectada por una huelga general de los sindicatos belgas: una lección práctica para no olvidar.

    El dirigente histórico de IU Julio Anguita advirtió en su momento que la economía no debía ser el altar donde sacrificar el bienestar de las personas. Sus palabras eran proféticas: tal vez el siguiente paso de moda sea sacrificar toda la economía en nombre de los sacrosantos e incuestionables intereses de la banca privada. Dicen que la avaricia rompe el saco: es la hora de la lucha, pero lucha de verdad, lucha de clases. Sólo es responsable hablar en los tiempos que toca vivir de ruptura socialista; lo demás es jugar a diversas escalas de compromiso con nuestros enemigos irreconciliables de clase.