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Las recientes declaraciones públicas de Llamazares y Cayo Lara no son más que la enésima confirmación de que en el Estado español hace falta una nueva casa para las izquierdas transformadoras.
Un suponer. Mañana, EE.UU. denuncia, teatralmente ofendida, los crímenes del Imperio Británico desde el siglo XVI hasta el XX. ¿Deberíamos unirnos entusiasmados a dicha denuncia? ¿O deberíamos comprender la cortina de humo que dicha denuncia supondría, como vulgar intento de lavar la imagen de los yanquis, y, en consecuencia con lo anterior, realizar nuestra propia denuncia independiente, en la cual se incluirían también los crímenes del imperialismo norteamericano?
Pues algo similar es lo que viene sucedido en el Estado español con el caso del juez Baltasar Garzón. Sólo que, aquí, los dirigentes de IU, agrediendo al más elemental sentido común, han optado por lo primero en lugar de por lo segundo.
¿Resultado? Bajo el pretexto de condenar (simbólicamente) a los fascistas del pasado, se defiende (realmente) a los fascistas del siglo XXI.
Aunque nada de esto pueda leerse en el diario Público, Garzón es el juez más duro de la Audiencia Nacional (heredero del Tribunal de Orden Público franquista). Autor intelectual de toda una legislación de excepción, cuya máxima expresión es la Ley de Partidos Políticos, ha ilegalizado a organizaciones comunistas (PCE-r-), anarquistas (Cruz Negra) o independentistas (Herri Batasuna), e incluso a organizaciones de solidaridad con los presos políticos (como el Socorro Rojo Internacional).
Ha perseguido y clausurado al periodismo más crítico con el régimen (Egin, Egunkaria). Ha prohibido conciertos de conjuntos musicales opositores (Soziedad Alkohólika, Manu Chao). Ha llegado a ilegalizar huelgas convocadas por el sindicato LAB, o a inculpar a los abogados defensores por complicidad con sus defendidos (cercenando, en la práctica, el derecho a la defensa). Sin embargo, con su imparcialidad habitual, se ha negado en redondo a abrir diligencias para investigar las miles de estremecedoras denuncias de tortura de prisioneros a su cargo.
Nadie parece haber comprendido la gravedad de que Cayo Lara y Llamazares se conviertan en cómplices del juez que más ha reprimido a la izquierda rupturista en la historia del actual régimen borbónico. ¿Es que la memoria histórica es selectiva, y se corta precisamente cuando pasamos a hablar de crímenes y abusos de poder actuales (es decir, precisamente de aquellos que aún podemos erradicar, y no únicamente lamentar folklóricamente)?
¿Acaso debemos defender al juez, dadas las circunstancias? Garzón ha sido víctima de una Ley de Amnistía enmarcada en una supuesta “Transición modélica” que él siempre apoyó y, hasta donde sabemos, sigue apoyando. Por otro lado, no puede anular las sentencias fascistas en virtud de una vergonzosa ley de punto final (llamada obscenamente “de Memoria Histórica”) obra de sus amigos del PSOE y que la propia IU apoyó y votó en el Parlamento. Pero, más allá de condenas simbólicas de cadáveres como Franco, tampoco ha hecho nada por juzgar a los responsables de la dictadura que aún siguen con vida. Ni lo hará.
Garzón, Llamazares o los “artistas de la ceja” no son más que piezas en un tablero de ajedrez diseñado por el PSOE dentro de una descarada operación de marketing. Con ellas, todos parecen ganar algo. El PSOE araña votos. Garzón, la fama hiper-narcisista que siempre anheló (véanse sus pantomimas simbólicas en Latinoamérica, sin el menor efecto real; o, por no salirnos del tema, su vergonzoso auto-nombramiento como líder de un proceso de dignificación de las víctimas del fascismo impulsado en realidad por la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones y militantes individuales). Pero ¿qué obtienen en este tablero los líderes de Izquierda Unida? ¿Tan penetrados están por la lógica de las esferas del poder? ¿Son únicamente tontos útiles, o quizá algo peor?