Las "reformas" que el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón anunció a los medios de prensa el pasado martes 24 han constituido un auténtico "revolcón" que tiene como objetivo retrotraer el aparato judicial de la Monarquía a la oscura etapa del postfranquismo de finales de los 70 y principios de los 80.

       Apenas concluida la rueda de prensa de Alberto Ruiz Gallardón en la que anunciaba el cuadro de  "reformas" que su Gobierno tiene previsto aplicar en el ámbito de la Justicia, escuché como un comentarista radiofónico, situado en los aledaños  del PSOE,  decía quejumbroso que las medidas anunciadas por el ex alcalde de Madrid le parecían "rayanas en la involución". Debo manifestar que no estoy de acuerdo. "Involución" ha sido, realmente, lo que ha significado  la política pusilánime que el PSOE ha practicado en el curso de los últimos años en relación con la Justicia.  Atrapados por el dogal de sus propias contradicciones ideológicas, los socialdemócratas españoles han sido incapaces de hacerle frente a los violentos empujones de la cúpula franquista  que domina toda la estructura de la Judicatura. El que redacta estas líneas piensa, en cambio, que las "reformas" que Ruiz Gallardón anunció a los medios de prensa  el pasado martes 24 suponen un auténtico "revolcón" que tiene como objetivo  retrotraer el aparato judicial  de la Monarquía a la oscura etapa del post franquismo de finales de los 70 y principios de los 80.

LA JUSTICIA PARA EL QUE LA PAGUE

      Alberto Ruíz Gallardón, considerado hasta ahora por la prensa socio-liberal como paladín de la moderación y del diálogo,  se ha atrevido a poner "las cosas en su sitio" de un mandoble . Es decir, en el lugar donde ha estado reclamando la derecha ultraconservadora.

      En principio, ha precisado muy claramente  que no está dispuesto a permitir que la Justicia  continúe siendo "un cachondeo". O dicho en roman paladino, un Poder del Estado al que todos los ciudadanos puedan tener acceso libre y gratuito.  Por ello se las ha ingeniado para inventar una suerte de "copago" que permitirá que sean sólo aquellos ciudadanos en condiciones de pagarla los que puedan tener acceso a la misma. El flamante  ministro de Justicia se permitió explicarle didácticamente a los periodistas que "la gratuidad desincentiva otras fórmulas de arreglo". Según su opinión, con la Justicia se ha producido algo similar a lo que ha sucedido con la Sanidad: el populacho ha llegado a creerse el espejismo de que ambas entidades eran suyas, abusando  con lo que él  denominó un "consumo no racional" de las mismas. Por ello, a partir de que se empiecen a aplicar sus reformas, habrá que pagar una tasa para acudir a una segunda instancia judicial, cuya cuantía no es difícil empezar a imaginar. Expresado de otra forma, si usted desea recurrir una sentencia en una instancia superior porque la considera injusta, tendrá que poseer  disponibilidad económica para poder hacerlo.

   Si hasta ahora, partiendo de las propias certidumbres, uno podía afirmar que la "Justicia" estaba en manos de los poderosos, en lo sucesivo esta  convicción encontrará su constatación en la propia letra de la ley.

LIQUIDACIÓN DEL DERECHO AL ABORTO

        Extraño hubiera resultado que el partido de los herederos de Franco, contando con el apoyo  que le proporciona el 27% de los ciudadanos del Estado español con derecho a voto,  fuera a dejar en el tintero la reforma de la Ley del Aborto del 2010. El fru-fru de las sotanas cardenalicias no solo suscita adhesiones en las filas del PP, sino tambien pánico. Por eso, con toda la cautela que corresponde a un político prudente,  el ministro omitió referirse a la amplitud de su reforma de la Ley.  Pero con su alusión "a la doctrina del Tribunal Constitucional" quiso puntualizar "urbi et orbi" que el gobierno de Mariano Rajoy tratará de recuperar el modelo existente en 1985, eliminando  el sistema de plazos por el que se convertía el aborto en un derecho durante las primeras 14 semanas de embarazo.

CADENA PERPETUA

    La derecha franquista ha adolecido durante  decenios de la incapacidad para  hacer uso de la  terminología ideológica que corresponde a sus convicciones. Conocedora del rechazo que en amplios sectores  de la sociedad española tienen determinados conceptos  y fórmulas de expresión, se ve obligada a sustituirlos por sinónimos, eufemismo o equivalencias. Fue, sin duda, por esa razón por la que el ministro Ruíz Gallardón cuando comunicó a los periodistas el pasado martes que uno de sus proyectos era el establecimiento de la "cadena perpetua" se refirió a ella utilizando una terminología  vaporosa. Este tipo de disfraces no son una novedad en las nuevas generaciones  adscritas al franquismo sociológico. La utilización difusa y confusa del lenguaje  era una práctica frecuente en  el hoy desaparecido presidente del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne. Personaje  por el que Gallardón sintió siempre una veneración casi religiosa. En 1966,  cuando un accidente protagonizado  por aviones militares norteamericanos provocó que cayeran varias bombas atómicas en la localidad de Palomares, Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, quiso mitigar la envergadura de la catástrofe diciendo que  "los aviones portaban artefactos  termonucleares". En la misma línea,  más de 40 años después su dilecto discípulo Alberto Ruiz Gallardon confirmó el martes que su Gobierno  reformará el Código Penal para introducir  lo que él denominó  " cadena permanente  revisable". Y por si el concepto suscitara algún tipo de dudas puntualizó que no es "perpetua" sino "permanente". Que quede claro.

LEY DEL MENOR

      Sin abandonar la ambigüedad, que parece ser una constante en el Ejecutivo de la ultraderecha franquista,  Gallardon reveló que piensa reformar la Ley del Menor, endureciéndola. Anunció una modificación legal que permitirá que en aquellos delitos en los que haya adultos  y menores implicados todos sean juzgados a la vez por la misma sala.  Sin embargo, en un extraño galimatías jurídico-conceptual, puntualizó  que ello no cambiaría los "derechos" de los menores. Una retorcida paradoja.

EL PODER PARA LOS JUECES... ULTRACONSERVADORES

       El gobierno de Mariano Rajoy abordará también un cambio radical en el Consejo General del Poder Judicial con objeto  de que, a partir de ahora, sean los propios jueces - y no el Parlamento - quienes seleccionen  a 12  de los 20 vocales que integran esa institución.  Ni que decir tiene que dada la correlación ideológica existente en el ámbito de la judicatura es pronosticable que la inmensa mayoría de los vocales elegidos  correspondan  a los magistrados ultraconservadores.