"Externalización de los costes" es el macabro eufemismo elaborado por los economistas para teorizar una de los principios básicos de la economía capitalista. Lo único que importa en este sistema son las ganancias, y los efectos secundarios que éstas puedan provocar deben ser suprimidos del debe de las empresas. Esta "externalización" se puede aplicar tanto a la contaminación de un río, como a la emisión descontrolada de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático o las enfermedades y malformaciones provocadas por las diferentes formas de contaminación de las grandes industrias. Todo se reduce, al fin, a conseguir que sean otros quienes paguen por el daño provocado, con el objeto de maximizar los beneficios. Se trata de una lógica implacable  -la competencia no permite sobrevivir a quienes la ignoran -  en la que las personas no son contabilizadas de manera diferente a la de otros "recursos" fungibles.

      Este preámbulo viene  a cuento de la  noticia que este lunes nueve de enero recogía  Europa Press sobre la indemnización de 654.035 euros que el Servicio Canario de Salud ofrecerá a los padres de un bebé que sufrió daños cerebrales durante el parto. Según informa la agencia de noticias, el Defensor del Paciente pudo determinar que la madre no recibió el adecuado seguimiento durante el parto. Éste no fue monitorizado. El ginecólogo llegó tarde y después de que el niño naciera sin respirar tuvo que ser reanimado por una matrona, ya que el pediatra tampoco se encontraba en la clínica o no fue avisado. Se da por probado que si la paciente hubiera sido tratada correctamente, desde su ingreso en el centro hospitalario, se podría haber "advertido" el sufrimiento del feto, lo que habría llevado a la intervención del ginecólogo con anterioridad a cuando se hizo, momento en el que la madre ya no tenía fuerzas y el feto presentaba dificultades para ser expulsado. Como consecuencia de ello el niño presenta hoy un 83% de minusvalía. Necesitará la asistencia de una tercera persona durante el resto de su vida y nunca  podrá valerse por sí mismo ni siquiera para realizar  las labores más sencillas y elementales.

    Pero este cúmulo de negligencias no tuvo lugar en un hospital público, como podría deducirse del hecho de que sea el Servicio Canario de Salud el encargado de indemnizar - siempre de forma insuficiente en relación a los daños - a los afectados,  con fondos públicos.Los hechos tuvieron lugar en la  clínica Hospiten Tamaragua, de Tenerife, en 2006. Una instalación sanitaria propiedad del empresario  Pedro Luis Cobiella. Cobiella es dueño del Grupo HOSPITEN, una de las principales redes hospitalarias de España con centros en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Santo Domingo o México.

     Estrechamente vinculado a los altos cargos de ATI-CC, y propietario también de numerosos hoteles, este magnate del negocio de la enfermedad es una de los principales beneficiarios del  proceso de privatización de la Sanidad canaria realizado a través de "los conciertos". Ya en el 2008, el montante de los fondos destinados por el Gobierno de Canarias a los conciertos con centros  privados ascendió a  233 millones de euros, unos 39.000 millones de ptas. De esa cifra, las clínicas privadas percibieron la friolera de 214 millones de euros, es decir, 35.000 millones de pesetas. Así, con la excusa oficial de "utilizar todos los recursos" para satisfacer las necesidades de la población, en el curso de los últimos añosse ha ido descapitalizando la Sanidad Pública, para favorecer a quienes, como Luis Cobiella, se enriquecen gracias a la enfermedad ajena.

     El suyo es además, según demuestra el episodio relatado, un negocio absolutamente redondo que funciona conforme al conocido principio de privatizar beneficios y socializar las pérdidas. En el caso del niño incapacitado de por vida por la falta de una atención correcta durante su nacimiento, el Gobierno de Canarias ha manifestado que después de abonar los 654.035 euros solicitará el reembolso de esta cantidad a Hospiten, “ajustándose a los tiempos”. Sin embargo, la empresa de Cobiella mantiene -contra todas las pruebas presentadas en su contra- que “no se han podido acreditar” las negligencias en el parto. Y ya ha interpuesto un recurso judicial para eludir la responsabilidad patrimonial por lo sucedido.