Con la Crisis económica como coartada perfecta, los ayuntamientos del Archipiélago están asumiendo la parte alícuota que les corresponde en la aplicación de los draconianos planes de ajuste neoliberal impuestos por la UE, para restablecer las tasas de ganancia de las burguesías del Continente. Residencias de mayores, escuelas infantiles, centros para el tratamiento de las toxicomanías... Ningún servicio social escapa a los tijeretazos que ya han comenzado a imponerse en los diferentes municipios.

    En  Gran Canaria también corren el riesgo de quedar absolutamente desamparadas las más de 7.100 familias que subsisten gracias a las mínimas ayudas de emergencia que reparten los diferentes ayuntamientos.  De Norte a Sur y de Este a Oeste, nadie se salva en la isla de una política de austeridad cuyos damnificados son, como de costumbre, las clases populares. Así, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Ingenio (PP), encabezado por el alcalde Juan José Gil, ha comenzado por suprimir el aula de estimulación precoz para los niños del municipio. En La Aldea (NC-CC-PP), Gáldar (BNR-NC-PSOE) y Moya (PP-ACIM )  los ancianos y sus familiares se encuentran entre las principales víctimas del recorte. Las residencias que los acogen podrían cerrarse próximamente si los responsables públicos no encuentran la manera de   -según sus propia palabras – “darle viabilidad a estos centros”.  En el caso del municipio de La Aldea, el grupo de Gobierno -conformado por los "nacionalistas progresistas" de Nueva Canarias, CC y Partido Popular- ya ha aplicado la tijera a la única guardería infantil con la que contaban los vecinos  y los programas para enfermos mentales y otros discapacitados están actualmente en el aire. A la espera de la firma de un convenio con el Gobierno autónomo que, a nivel regional, está llevando a cabo idéntica política de recortes. De manera general, los ayuntamientos también están "ajustando" las plantillas de los trabajadores municipales, lo que en muchos casos afecta directamente a la calidad de los servicios que éstos prestan en cada una de las localidades.

Una cuestión básica de fiscalidad: que paguen más quienes más tienen

    "Esta es una situación muy dura, en la que sólo te puedes plantear el día a día. Por eso hay que priorizar los casos de verdadera necesidad". De esta manera justificaba  la concejala de Asuntos Sociales de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera (PP),  la política de recortes que también se aplica con rigor en la capital grancanaria.

    La excusa esgrimida por Viera no es original. En todos los casos, las corporaciones aseguran que su deseo es el de garantizar la atención a "los más necesitados" ya que, sencillamente, no hay recursos para seguir prestando servicios como los de las guarderías municipales o los centros para ancianos. Pero, ¿es esto cierto? ¿No hay recursos en nuestra sociedad para ofrecer estos servicios esenciales? ¿O la falta de fondos es resultado de una determinada política fiscal compartida por todos los partidos representados en estos municipios? Las respuestas a estos interrogantes la ofrecen los propios técnicos de la Agencia Tributaria. En declaraciones efectuadas al periódico Diagonal, el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) Carlos Cruzado no podía ser más contundente. "Subir el impuesto de sociedades un 5% -del 30% al 35%- a las grandes empresas, aquellas que facturan más de 45 millones de euros y cuyos beneficios superen el millón de euros, permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes anunciados por el Gobierno de Rajoy juntos: Casi 14.000 millones de euros". En la misma línea, Gestha subraya que "con sólo reducir en diez puntos la economía sumergida en España, la Administración podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, más del doble de los 16.500 millones que en un principio preveía ahorrar el nuevo Ejecutivo en 2012".

   Pero no son estas la únicas vías de recaudación mediante las cuales se podrían obtener fondos más que suficientes para mantener - e incluso mejorar - la Sanidad y la Educación públicas y otros servicios sociales esenciales. El colectivo de técnicos de Hacienda propone algunas de ellas. "La instauración de un  Impuestos sobre la Riqueza o la modificación de las SICAVs” , Sociedades de Inversión de Capital Variable que permiten a las grandes fortunas del Estado tributar un escuálido 1%

    En las Islas tampoco faltan recursos para satisfacer las necesidades y los derechos básicos de la población. Bastaría para ello con que los grandes empresarios del Archipiélago pagaran la parte proporcional de impuestos que les corresponden. Gracias a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), sin embargo, estos empresarios se "ahorran" hasta un  90% de la tributación por sus Beneficios No Distribuidos. Desde su aprobación en los años 90, la RIC – una creación intelectual del economista Antonio González Viéitez que también puede aplicarse al IRPF- ha permitido a las compañías instaladas del Archipiélago dejar de pagar a las arcas públicas  miles de millones de euros. Entre  1998 y 2007 estos impuestos hurtados legalmente a la sociedad  nunca bajaron de los 1.300 millones de euros anuales. Es decir, que en ese periodo el Estado dejó de ingresar un mínimo de 11.700 millones de euros. Casi cinco veces el presupuesto que dedicará la Comunidad Autónoma Canaria a la Sanidad – incluidos los conciertos con los centros privados – en 2012.